FERNANDO LUGO: OTRO CURA QUE SE NIEGA AL ADN
Un cura reincidente, juzgado por abusos a cuatro menores
Las cuatro alumnas menores de edad que denunciaron por abusos sexuales
al sacerdote de Igualada (Barcelona), Gregorio S., vieron ayer como
los forenses les daban la razón, al afirmar ante el tribunal que los
relatos de las niñas son completamenteverosímiles.
Se da el caso de que el párroco, maestro de religión del colegio
Gabriel Castellà de Igualada, ya cuenta con una condena firme de dos
años de prisión por haber abusado sexualmente de una feligresa
discapacitada cuando era sacerdote en la parroquia de Fátima, en la
misma localidad. En aquella ocasión no entró en la cárcel porque
carecía deantecedentes.
La Fiscalía pide ahora para el sacerdote una pena de cinco años y dos
meses de cárcel por haber abusado sexualmente de manera continuada de
dos alumnas del colegio Gabriel Castellà. Además, en la causa se han
presentado como acusación particular los padres de dos alumnas del
mismo colegio, que también denunciaron tocamientos por parte del
párroco, por lo que le piden otros cinco años de prisión.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular mantuvieron ayer,
último día de juicio, las peticiones de pena, puesto que las
declaraciones de los forenses confirmaron que las menores no habían
fabulado en sus relatos sobre los abusos que les infligióel sacerdote.
No obstante, el perito forense que aportó el abogado del acusado
afirmó que el perfil psicológico del sacerdote no concuerda con el de
un abusador sexual, a pesar de los antecedentesque acumula.
El papel de la Iglesia
El párroco fue condenado en 2006 por abusos a una feligresa después de
no querer someterse a la prueba de ADN para cotejar el origen del
semen hallado en los pantalones de la víctima.
A pesar de que el sacerdote estaba inmerso en un proceso judicial por
abusos sexuales, la Diócesis de Vic (Barcelona) no quiso retirarlo del
servicio y lo mantuvo como profesor de religión.No fue hasta 2004
cuando la Generalitat lo inhabilitó para ejercer la docencia debido a
las denuncias de las cuatro menores.
La acusación particular afirma que no se habrían dado los abusos si la
Iglesia hubiera apartado al sacerdote de la docencia y solicitan que
se declare a la Iglesia responsable civil subsidiaria.
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