A PROPOSITO DE FERNANDO LUGO, SOBRE EL CASO GRASSI

El caso Grassi, la Justicia y la sociedad

Editorial de El Litoral

Después de casi diez meses de juicio -oral pero no público-, el Tribunal Federal Nº 1 de Morón condenó por unanimidad a quince años de prisión al sacerdote católico Julio César Grassi, titular de la fundación Felices los Niños.

El fallo había despertado previsibles expectativas y la noticia fue tapa de diarios nacionales y extranjeros. Como suele ocurrir en estos casos, el tema suscitó enconos políticos e ideológicos que no son nuevos pero siempre se reavivan en estas circunstancias. Abundaron las manifestaciones a favor y en contra del sacerdote, donde por supuesto lo que menos importaba era la búsqueda de la verdad o la justicia.

Grassi fue hallado culpable y se le imputa abuso sexual agravado y corrupción de menores. No irá a la cárcel hasta tanto se dicte sentencia firme. Mientras tanto, no podrá salir del país, cambiar de domicilio o acercarse a menores. Sí, se lo autoriza a visitar la fundación en horarios establecidos y acompañado por alguna persona que él mismo puede designar.

El fallo ha despertado controversias y disconformidad en todos los sectores involucrados. Para la defensa de Grassi la condena es injusta y esperan que el Tribunal de Casación ponga las cosas en su lugar. Consideran que el fallo de los jueces es lo suficientemente ambiguo como para dejar abierta la posibilidad de una rectificación favorable.

Asimismo, estiman que después de haber estado acusado por diecisiete casos sólo se pudo probar uno, el menos consistente, según ellos. Por último, observan que el tema se politizó indebidamente y cuestionan la labor de algunos medios de comunicación que crearon un clima psicológico desfavorable para el sacerdote.

Organismos de derechos humanos y familiares de las presuntas víctimas consideran, por el contrario, que la condena fue excesivamente benigna. En primer lugar, consideran que el imputado merecía una condena más alta, pero fundamentalmente lo que le reprochan al jurado es que haya decidido dejarlo en libertad hasta tanto haya sentencia firme.

Para ellos no hay dudas de que Grassi es un peligroso pedófilo y que dejarlo en libertad constituye un verdadero peligro para la sociedad en general y para los niños en particular. Mucho más grave es que, con todos los antecedentes del caso, se le permita ingresar a la Fundación como si nada hubiera pasado.

El ideal en un Estado de derecho es que los jueces decidan sin presiones sociales. Este ideal, en las actuales sociedades de masas, es muy difícil de cumplir, pero ello no obsta a que se insista en este propósito. Ni los medios de comunicación, ni las instituciones políticas, civiles o religiosas están llamadas a impartir justicia, ésa no es su función. Tan abominable para las instituciones como peligroso para la sociedad es que un abusador de menores quede en libertad, como que un inocente vaya a la cárcel por un delito que no cometió. El tribunal de alzada tiene por delante la responsabilidad de aventar toda duda.