Los neoliberales están de fiesta: El presidente Fernando Lugo, el vicepresidente Federico Franco y el ministro de Obras Públicas Efraín Alegre presentaron al Congreso uno de los más grandes proyectos privatistas en nuestro país. Proponen "conceder" al sector privado el conocido "Triángulo de oro", conformado por las Rutas I, II y VI más dos tramos complementarios, por 25 años.
Las "concesiones" son formas disfrazadas de privatizar los bienes del Estado. El Partido de los Trabajadores (PT) repudia esta intención del gobierno porque representa una descarada entrega del patrimonio público a empresarios privados. Instamos a las organizaciones sindicales, campesinas y populares, así como a los demás partidos de izquierda, a organizar la resistencia a los planes neoliberales del gobierno.
Exijamos, entre todas y todos, la implementación de un plan nacional de obras públicas centralizado por el Estado, que genere empleo para los cientos de miles de desocupados. Este plan debe ser financiado mediante el no pago de la deuda externa e interna, la creación de fuertes impuestos a los sojeros y latifundistas y la utilización de las reservas internacionales.
Más privatizaciones
El gobierno reiteró, además, su intención de entregar al sector privado la Hidrovía (río Paraguay, desde la confluencia con el río Apa hasta el Pilcomayo) y el sistema aeroportuario del Silvio Pettirossi y del Guaraní. Desde noviembre de 2008 que el liberal Alegre viene anunciando la privatización de estos sectores. Este proyecto será presentado en una segunda etapa.
El entreguismo es completo. El gobierno de Lugo-PLRA, con tal de obtener algún respiro financiero durante sus 5 años en el poder, no duda en entregar las principales rutas internacionales por casi tres décadas al capital privado.
Como nunca se demuestra, al decir de Carlos Marx, que los gobiernos y el Estado son sólo "administradores de los negocios comunes de toda la burguesía".
¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto de Lugo-Alegre, avalado por todo el Consejo de Ministros, pretende entregar a empresas privadas la realización de obras de ampliación, mantenimiento y administración de las principales rutas, cuya inversión demandaría alrededor de 450 millones de dólares. A cambio, las empresas adjudicadas monopolizaran el cobro de un peaje "mínimo" de un dólar, de ida y vuelta, durante 25 años.
Además de las vías referidas, están incluidos en el paquete el tramo Naranjal-Ruta VI y el Troncal II, Puerto Indio-Supercarretera con acceso hacia Santa Elena-Brasil. Todas estas carreteras que el gobierno quiere privatizar son las de mayor tráfico y flujo de exportación e importación desde y hacia la región y el mundo.
Negocio redondo
Según las proyecciones de tráfico del MOPC, durante el 2008 transitaron diariamente por la Ruta I alrededor de 5.000 vehículos. Por la Ruta II circularon aproximadamente 12.000 vehículos por día. En la Ruta VI el tráfico fue de 3.000 vehículos diarios. Se estima que, en todos los casos, el crecimiento anual de tráfico será del 3%. Multipliquemos todo esto por 1 dólar (ida y vuelta) durante 25 años y tendremos una idea de la enorme fortuna que amasaran los empresarios gracias al gobierno.
En el tramo de Puerto Indio (Paraguay) y Santa Helena (Brasil), donde se propone cobrar un peaje por peso de carga transportada, existe un tráfico actual de 5.000 toneladas de granos por día, unas 800.000 toneladas al año. El MOPC estima que, en cinco años, este tráfico se cuadruplicaría a 20.000 toneladas por día, es decir, unas 3.200.000 toneladas al año.
Estas cifras sólo pueden dar una muestra de la dimensión del negocio y del dinero que las empresas ganarán lo cual, por ende, el Estado dejará de recaudar por dos décadas y media.
Lugo puso felices a los empresarios
El empresariado nacional, representado por la FEPRINCO, se mostró sumamente satisfecho con la intención de Lugo. Es más, instaron al gobierno a "concesionar" más sectores económicos, como los servicios de telefonía, electricidad y agua. En este sentido, tanto Max Haber, titular de la FEPRINCO, como Borda y Alegre, coincidieron en que la "concesión" se realiza para no "desviar" recursos del presupuesto. En otras palabras, para el gobierno y los empresarios, las obras públicas no son una responsabilidad del Estado.
¡Defendamos el patrimonio del pueblo!
Las rutas son estratégicas para la economía del país y deben estar en manos del Estado.
El patrimonio del Estado es del pueblo y de nadie más. El pueblo trabajador movilizado, así como en años anteriores, debe imponer este principio.
Comité Ejecutivo Nacional
Asunción, 27 de septiembre de 2009
* Partido de los Trabajadores del Paraguay
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