FERNANDO LUGO: APELARÁN SENTENCIA CONTRA PEDERASTA EN OAXACA

FERNANDO LUGO: APELARÁN SENTENCIA CONTRA PEDERASTA EN OAXACA

Oaxaca: madre de niño abusado apelará sentencia de pederasta




Por Nadia Altamirano Díaz


Leticia Valdés Martell anunció que interpondrá un recurso de apelación para solicitar que el juez tercero de lo penal de Oaxaca modifique, de 10 a 17 años, la sentencia condenatoria que el pasado 15 de mayo dictó a la profesora Magdalena Rufina García Soto, acusada de ser cómplice de abuso sexual infantil en el Instituto San Felipe.



“Pedimos la pena máxima porque está plenamente acreditada la participación de la profesora, creemos que está comprobada que ella entregaba a mi hijo –de cuatro años de edad al momento de ocurrir los hechos-- a Gabriel Hugo Constantino (copropietario del Instituto San Felipe) y de Salvador Adán Pérez Ramírez (maestro de cómputo)”, explicó Leticia Valdés.



Consideró que con la sentencia condenatoria que dictó el Juez que conoce de la causa se comprueba “en automático”, que Hugo Constantino y Adán Pérez son los autores materiales del delito de violación, por lo que volvió a exigir a las autoridades que cumplan con las órdenes de aprehensión que se giraron desde hace dos años.



“Pido y exijo que detengan a los sujetos porque yo sé que se les ha visto en Oaxaca, están aquí, no es necesario que la Interpol se movilice, lo único que se necesita es que haya la única voluntad de detenerlos, que la policía proceda a la detención”, insistió.



En mayo del 2007 Leticia Valdés Martell denunció que en el Instituto San Felipe --uno de los más renombrados en la ciudad de Oaxaca-- su hijo de cuatro años fue violado por el profesor Adán Salvador Pérez Ramírez y Gabriel Hugo Constantino García, esposo de la propietaria de la escuela, Yolanda León Ramírez.



En abril de ese mismo año, tres menores de edad fueron también abusados sexualmente en el Instituto Miguel de Cervantes, de la Villa de Etla.



Tras una denuncia penal, el 16 de mayo del 2007, Domingo Ramírez Ramírez, propietario del Instituto Miguel de Cervantes fue detenido por los tocamientos que realizaba en el cuerpo de un niño que acudía al preescolar particular, pero salió fácilmente, bastó que pagara una fianza de unos diez mil pesos.



Meses adelante, Domingo Ramírez volvió a ser detenido en el penal regional de la Villa de Etla. Otras dos madres lo denunciaron por los abusos que cometía en perjuicio de sus hijos.



“No sabemos si hay tráfico de influencias pero en Oaxaca no hay crédito para lo que denuncian los niños”, expresa Víctor Revilla, abogado de las madres que denunciaron los hechos.



Con ayuda psicológica los tres niños coincidieron en expresar que los hijos del profesor Domingo también participaban: Erick Ramírez sometía a los niños y su hermano Alejandro les tomaba fotos con la complicidad de Margarita Jiménez, directora del Instituto Miguel de Cervantes.



Por la apatía de las autoridades oaxaqueñas, los otros tres acusados sólo pudieron ser detenidos por la intervención de la Procuraduría General de la República, en diciembre del 2007 por el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de pornografía infantil y corrupción de menores (de edad).



El abogado Víctor Revilla no entiende por qué tuvo que ser un juez federal quien sí encontró la presunta responsabilidad del delito de corrupción de menores (de edad) en los cuatro acusados y que en Oaxaca sólo se procese a Domingo Ramírez por el delito de abuso sexual infantil y violación equiparada.



HAY MÁS CASOS



En tanto, en la región de la Costa, el señor Cecilio Alberto Barrera Pineda denunció penalmente a Miguel Arcángel Santos, director de la escuela primaria 20 de Noviembre, en el Fraccionamiento El Crucero en Santa Cruz Huatulco, por abusar de su hija de 9 años de edad.



El profesor fue detenido y encarcelado en diciembre pasado pero la juez primero de lo penal del distrito judicial de Huatulco, Alicia Magally Medina Bustamante, lo dejó libre a pesar de que se acreditó el abuso sexual que sufrió la menor de edad, así como la probable responsabilidad penal de Miguel Arcángel Santos.



Fue inútil que el señor Cecilio Alberto Barrera enviara un escrito al director del IEEPO, Abel Trejo González, para pedir su intervención pues existen otros casos en la misma escuela que no han sido denunciados por miedo al agresor. El acusado volvió como director a la misma escuela.



Otro caso que cobró relevancia en los medios de comunicación es el del jardín de niños “Jean Piaget”. El 14 de enero pasado padres de familia tuvieron que recurrir a la protesta para conseguir que el conserje de esa escuela, Misael Velasco Fabián, fuera detenido por abusar sexualmente de varios menores de edad.



Aunque el presunto pederasta fue detenido al día siguiente y la Juez Primero de lo Penal en la ciudad de Oaxaca le dictó auto de formal prisión, aún se debe esperar que se dicte una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria.



En caso de que se logre una sentencia condenatoria, el infractor sólo podría pasar en prisión de 7 a 12 años, puesto que la reforma que en noviembre pasado se realizó al Artículo 194 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, sólo aumentó dos años a las sanciones de cárcel por delitos de pederastia.



PEDERASTAS SIGUEN EN LAS ESCUELAS



Cuando el delito de abuso sexual es cometido por un profesor o cualquier otro profesionista, además de la sanción legal (el encarcelamiento) amerita que sea cesado de su actividad, lo cual se complica si es parte de un gremio como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



La coordinadora del Centro de Atención Integral del Valle (CAIV), Rosario Guadalupe Sánchez Pacheco, conoce otros casos como el que ocurrió en la escuela de Huatulco y en los que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) espera que haya una sentencia condenatoria para remover al acusado de su cargo o sólo lo cambia a otra escuela sin dar a conocer sus antecedentes, lo que pone en riesgo a otras niñas y niños de sufrir abuso sexual infantil.



La especialista en casos de violencia reconoce que en Oaxaca “falta voluntad política para sancionar estos delitos” y la mayoría de veces no se enfrentan “con toda la fuerza que tiene que ser”.



En el CAIV, donde se ofrece apoyo médico y psicológico, así como asesoría legal, cada mes se conocen en promedio cinco nuevos casos de abuso sexual infantil. En tres de ellos están involucrados familiares cercanos del menor de edad y en los otros dos trabajadores de instituciones educativas, tanto públicas como privadas.



Durante muchos años, Rosario Sánchez ha constatado que si se trata de esos servidores públicos o incluso de profesionistas como los médicos, los gremios a los que pertenecen cierran sus filas para brindar su apoyo a las personas que cometen el delito.



“Eso no debe ser un impedimento, ni para la ley, ni para que las autoridades del IEEPO”, aunque por su experiencia en la atención de víctimas sabe que esto no es nuevo.



Desde hace casi dos años Domingo Ramírez fue denunciado por pederastia y aún no le dictan sentencia. “De las autoridades oaxaqueñas la respuesta fue nula por eso no tenemos confianza de que la sentencia para Domingo Ramírez pueda ser condenatoria”, afirma con señales de preocupación el abogado Revilla.



Lo preocupante es que el jardín de niños donde los cuatro acusados trabajaban no ha sido cerrado. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) reconoció que sólo tiene permiso para prestar los servicios de nivel secundaria y la recomendación número 23/2008 que por el caso emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que la escuela debía ser inspeccionada y si se encontraban irregularidades “se adopten las medidas cautelares previstas en la normatividad estatal, a efecto de que esa institución no continúe con la prestación del servicio”.



“Hay rendijas legales por donde se pueden escurrir este tipo de casos y no enfrentarlos con toda la fuerza que tiene que ser. Las victimas esperan una pronta respuesta pero desafortunadamente a veces no existe, no es tan rápida como se espera o en ocasiones nos enfrentamos con gremios fuertes”, opina Rosario Sánchez.



Después de los familiares cercanos, los servidores educativos son los que ponen en riesgo la integridad sexual de un menor de edad. La falta de justicia contribuye también a ello.